Una prueba mas: Les importa mas el dinero que cuidar nuestros recursos naturales

Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
26 de enero de 2008

Presentada por el senador panista Guillermo Tamborrel, una propuesta legislativa proponía quitarle a las zonas de manglares el carácter de zona ecológica protegida y así abrir paso a millonarias inversiones extranjeras

En los últimos días hábiles de di-ciembre pasado, aprovechando que la mayoría de los senadores ya estaban pensando en sus vacaciones, una oscura alianza de intereses privados con altos funcionarios del gobierno federal y del PAN intentaron colar y aprobar una peligrosa iniciativa que, además de tener orígenes oscuros y turbios, era todo un atentado contra la ecología y el medio ambiente nacionales.

Presentada por el senador panista Guillermo Tamborrel, la propuesta legislativa proponía quitarle a las zonas de manglares, en todos los litorales del país, el carácter de zona ecológica protegida y abrir de esta manera el paso a millonarias inversiones extranjeras que se han visto frenadas en desarrollos como la Riviera Maya, por la existencia de estos importantes ecosistemas que incomodan a los grandes capitales hoteleros nacionales y extranjeros.

El proyecto, que había avanzado hasta estar a punto de ser enviado al pleno, fue frenado de última hora por el PRI, cuando desde la oficina del senador Manlio Fabio Beltrones recibieron mensajes de la casa presidencial que decían: “Tienen que sacar eso”.

El intento de presión irritó a la bancada priísta, desde donde salió la instrucción de revisar con lupa la iniciativa que tanto interesaba en Los Pinos. Y vaya sorpresa que se llevaron los priístas cuando, al revisar a fondo la iniciativa que tanto interesaba en el gobierno y en el PAN, detectaron en la propuesta de reformas a las leyes federales ambientales un artículo transitorio que intentaba pasar por inofensivo, pero que contenía lo que los juristas llaman una “afirmativa ficta”.

En ese artículo se establecía, textual, que si las autoridades ambientales no contestaban a una solicitud de permiso para destruir una zona de manglar en un lapso de siete días hábiles, las empresas solicitantes podían dar por hecho que la respuesta era positiva y que se les otorgaba el permiso para destruir el área ecológica.

Cuando los priístas buscaron al senador Guillermo Tamborrel para que explicara la barbaridad y el despropósito que contenía su iniciativa, el legislador panista trastabilló, no supo explicar el porqué de tamaño “regalo” para los hoteleros y desarrolladores turísticos, hasta que terminó por confesar que no sabía porque “a mí así me la mandaron”.

La pregunta es quién “le mandó” esa iniciativa leonina al senador panista, y quién desde el gobierno intentó pasar una reforma que prácticamente legalizaba el ecocidio y además daba a las empresas privadas la facultad de brincarse al Estado y a las autoridades ambientales para destruir zonas que hoy están protegidas por las leyes, y que son parte de los ecosistemas y equilibrios ecológicos de amplias zonas del país.

Y ahí es donde el asunto se vuelve inquietante. Hay quien afirma en el Senado que detrás de esa iniciativa estuvieron los poderosos grupos de hoteleros españoles que tienen inversiones paradas en la zona de la Riviera Maya por falta de permisos de la Profepa y de la Secretaría del Medio Ambiente para destruir zonas de manglares.

Empresas españolas que algunos ligan con el ex funcionario de la Presidencia que acaba de ser ascendido a un importante cargo en el gabinete tienen proyectos de inversión en el Caribe mexicano hasta por 10 mil millones de dólares, que actualmente se encuentran frenados porque la Profepa y la Semarnat no otorgan los permisos para que se destruyan amplias zonas de manglares ubicadas en esa región costera.

La iniciativa en cuestión era todo un “regalo” para las poderosas cadenas hoteleras españolas y para otros importantes grupos de desarrolladores turísticos nacionales y de otras partes del mundo que, si por ellos fuera, ya hubieran desaparecido los manglares y pantanos de los litorales nacionales. ¿Quién sería ese funcionario que tenía tanto interés en legalizar ese ecocidio que se evitó en el Senado?

El universal